La violencia y el crimen no son productos de la casualidad, sino el resultado de diversos factores que la promueven. En el caso de México, podemos analizar cómo muchos de estos elementos explicativos interactúan en la actualidad y contribuyen al problema general.
Año 2007: Punto de quiebre
De manera paulatina, la agenda de la lucha contra las drogas y el crimen organizado, emanado de este mercado, comenzó a obtener relevancia en las políticas de seguridad mexicana.
En las elecciones presidenciales de 2006, el candidato derechista, Felipe Calderón, afirmó priorizar la economía y el empleo. Pero tras llegar al poder, realizó un giro discursivo hacia la amenaza del crimen organizado, orientando muchos esfuerzos estatales al ámbito punitivo del ciclo de la droga: desde su producción, distribución y consumo. Para dicha política de seguridad, Felipe Calderón se auxilió del ejército para tareas de seguridad interna, situación catalogada por él mismo como extraordinaria pero necesaria.
Los ataques frontales del Estado mexicano al crimen organizado tuvieron varias consecuencias. Por un lado aumentaron las incautaciones de estupefacientes, los capos detenidos y la presencia del Estado en ciertas zonas. Aun con todo esto, también hubo efectos colaterales, especialmente el aumento sostenido de los homicidios dolosos en todo el territorio nacional, en gran parte por las dinámicas conflictivas de control territorial entre distintos carteles y en general, por el ambiente de ilegalidad (Ilustración 1)[1].
En lugar de resolver los problemas de violencia en México, esta estrategia de seguridad, directa o indirectamente, parecía apoyar dinámicas de violencia como el homicidio. No obstante, estas tendencias continuaron durante el siguiente mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Durante las elecciones presidenciales de 2018, el candidato presidencial izquierdista, Andrés López Obrador, declaró que dichas tácticas eran obsoletas y que se debía repensar el modelo militarista en el combate de las drogas. Sin embargo, una vez que asumió la presidencia, su administración no solo continuó con la política, sino que incluso la profundizó creando la militarizada “Guardia Nacional” y realizando cambios constitucionales que le permitirían utilizar al ejército para la seguridad interna, hasta el final de su mandato.
Otros factores
A pesar de lo mencionado hasta ahora, la militarización y la guerra contra el narcotráfico no son los únicos factores explicativos de los altos niveles de violencia en el país ya que, por supuesto, es multivariado. Otros dos factores fundamentales son:
1. La ausencia del cumplimiento del Estado de derecho (Rule of law).
El enfoque de guerra contra las drogas se ha enfocado en las cuestiones bélicas y ha mermado las capacidades operativas de los organismos civiles de impartición de justicia en México. Aquí afirmamos que sin un Estado de derecho aplicable y firme, la guerra contra las drogas no tendrá resultados importantes, ya que fomenta la violencia sin atacar de fondo las estructuras criminales: la corrupción y el cohecho que implica todo el proceso de narcotráfico.
2. La cooperación México-Estados Unidos
El gran negocio del narcotráfico en México son los dólares estadounidenses, por lo que se le considera una responsabilidad compartida. La cooperación para reducir los niveles de violencia en México muchas veces no ha sido coordinada y, en ocasiones incluso, ha sido contraproducente, como en el caso del operativo denominado “Rápido y Furioso”[2].
¿Cómo afrontarlo?
La propuesta ordena la necesidad de un cambio de paradigma en seguridad, por uno más eficiente y que especialmente cueste menos vidas en México. Es imperiosa una reflexión seria y fundamentada que permita mitigar las causas que han favorecido la violencia y empoderado al crimen organizado en México, para lo cual es importante la cooperación entre gobierno, sociedad civil, académicos y actores interesados en mejorar este aspecto tan fundamental para la sociedad mexicana.
Fuente de imagen destacada: “Ejercito Mexicano” por Thomas_H_foto – Bajo licencia Creative Commons (CC BY-ND 2.0).
[1] Recuperado de https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est
[2] Operativo mediante el cual la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Estados Unidos (ATF) envió más de 2,500 armas a México como estrategia para detener a operadores de la delincuencia organizada que terminó en un fallido rastreo de las mismas, con ningún detenido por dicho plan y muy probablemente con consecuencias humanas en el país.
