Desde sus inicios, el sistema financiero ha generado desconfianza. Esta percepción se intensificó con la crisis financiera de 2008, que sumergió al mundo en una profunda recesión y evidenció la conducta especulativa de las instituciones financieras. Este escenario propició el nacimiento de alternativas como Bitcoin en El Salvador, marcando un hito en la búsqueda de independencia del sistema bancario tradicional y alimentando una nueva ola de escepticismo hacia los grandes bancos.
Este evento puede considerarse una causa fundamental de la creación de las criptomonedas. Porque tan solo seis semanas después del quiebre del Lehman Brothers, la persona o personas detrás del seudónimo “Satoshi Nakamoto” realizaron la mítica publicación que daría inicia al Bitcoin.
Cuando aparecieron las criptomonedas parecía que la utopía de liberarse del control estatal y del anónimo sistema financiero recuperaba sus fuerzas. Sin embargo, al poco tiempo el entusiasmo fue dando paso a las dudas, sobre todo de seguridad y estabilidad. Y una pregunta se formulaba con frecuencua, ¿cómo evitar las estafas que eran tan comunes en la época del laissez faire bancario?
Hasta ahora, las criptomonedas no han tenido el empuje suficiente para convertirse en el token de cambio con capacidad de competir con el dolar u otras monedas locales, y su uso para intercambios, a pesar del creciente valor de algunas criptomonedas, es muy marginal. Al menos hasta que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele decidió implementar una ley, llamada Ley Bitcoin, que convertió a este pequeño país centroamericano en el primero del mundo en aceptar al Bitcoin como moneda de uso regular.
Implementación de criptomonedas en El Salvador
El anunció sobre el tema se hizo en Junio de 2021, en el marco de una conferencia sobre criptomonedas en Miami. La presentación presidencial estuvo llena de optimismo, la promesa de generar empleo, incluir financieramente a la población y permitir a los salvadoreños en el exterior enviar dinero a sus familias evitando las altas comisiones sel sistema bancario tradicional.
Todos los anteriores son objetivos muy relevante en un país que para el 2021 contaba con 6,3% de desempleo y un 37,6% de subempleo[1]. Y que además depende fuertemente de las remesas, que equivalieron en 2021 al 28% del PIB, según reportó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social.
Pero, curiosamente, el mensaje presidencial fue transmitido en inglés, lo que excluía a la mayoría de la población salvadoreña receptora de la política económica y se dirigía específicamente a la comunidad de las criptomonedas que se comunica principalmente en este idioma.
Tampoco hubo una explicación mayor del proceso en el parlamento, que como está controlado por el partido del propio presidente Bukele, Nuevas Ideas, aprobó la ley rápidamente, en una sesión de de cinco horas y con escasa discusión. El corto documento legal establecía en su artículo 7 que los prestadores de servicio debían aceptar el pago de Bitcoin, mientras que el artículo 5 concedía una excención de impuestos para las ganancias de capital en Bitcoin.
A pesar de las nobles primeras intenciones, parecía que los grandes ganadores en definitiva eran los grandes inversores extranjeros, funcionarios del gobierno y los líderes empresariales
A pesar de las críticas que Bukele lanzó durante su campaña presidencial al anterior establishment político, sobre todo al anteriormente dominante partido ARENA, el proceso de introducción del Bitcoin como moneda de uso corriente, no se diferenció mucho del proceso de dolarización en 2001, donde hubo poco interés de incluir a la población salvadoreña en la discusión macroeconómica.
Consecuencias macronoeconómicas después de un año
El proceso de implementación comenzó en septiembre de 2021 con el ofrecimiento de 30 dólares a todos aquellos que descargasen la aplicación Chivo Wallet (Cartera Chivo, palabra que es usada comunmente en El Salvador para describir algo cool), a través de la cual se esperaba que se hiciesen las transferencias de criptomonedas. Algunas personas descargaron la aplicación e hicieron uso de los 30$ pero luego no volvieron a usar la aplicación. Según Deutsh Welle, 8 de cada 10 usuarios dejaron de usarlo tras gastar el bono.
De hecho, muchos más salvadoreños prefirieron salir a las calles y protestar en contra de la introducción de la criptomoneda. La implementación del uso de criptomonedas estuvo acompañado tanto por pérdidas en su valor como por protestas en la calle. Según una encuesta realizada por la Universidad Central de América (UCA) en septiembre, casi el 70 por ciento de los salvadoreños se oponen a la política del Bitcoin, según reseño Reuters.
Tras un año de implementación, la conclusión a la que han llegado la mayoría de los observadores internacionales y diversos especialistas en el país, es que el experimento vanguardista del presidente Salvadoreño fue un fracaso y que su mayor indicador es la ausencia de interés en el tema en la gran mayoría de los salvadoreños. Según informó un expresidente del Banco Federal de Reserva menos de un 2% de las remesas están llegando a través de la billetera digital.
Sin embargo, la apatía por la moneda digital no es el problema más serio al que se enfrenta El Salvador. El gobierno de Bukele gastó alrededor 100 millones de dólares comprando bitcoin y por la pérdida de valor del activo, esto supone que actualmente ha perdido la mitad de la inversión. Quizá, como algunas voces comentan, esto no es una gran cantidad, pero lo que sí es que ha deteriorada la imagen del país para los inversionistas. El propio Fondo Monetario Internacional entró en un impasse con el presidente por su insistencia de mantener el bitcoin como moneda de uso legal. Además, las firmas Fitch y Moody’s han rebajado el la calificación crediticia del país pronosticando el impago de una deuda de 800 millones de dólares que se vence en enero.
Según Fitch la deuda alcanzaría a más del 80% del PIB.
Problemas Sociales
Todo este escenario nos hace preguntarnos por los efectos sociales que la arriesgada política económica de Bukele ha generado. Y aunque aun es pronto para determinar el grado de deterioro, algunos elementos nos dan pistas sobre lo que puede ocurrir en el futuro.
Debido a la posibilidad de impago, algunas declaraciones han sido realizadas. En abril de este año, la Administración de Bukele anunció reformas en el sistema de pensión salvadoreño aunque aun sin determinar con claridad qué implica, ni cuánto esperan recaudar.
A finales de mayo, el ministro de Hacienda dijo que recortará gastos públicos, incluyendo puestos que no sean necesarios, con el objetivo de recaudar 50 millones de dólares mensuales para subsidios de gasolina y reducir los efectos de la inflación.
Mientras tanto, un minucioso reportaje de The Intercept ha detallado efectos aun más terribles, como el desplazamiento obligatorio de personas que viven en los terrenos que serán utilizados para construir el futuro aeropuerto en Bitcoin City.
La utopía tecnológica de El Salvador cada vez parece más exclusiva y menos optimista.
[1] Trabajo que no es de tiempo completo o inferior a salario mínimo