México es el treceavo país más grande del mundo. En sus casi dos millones de kilómetros cuadrados hay una diversidad de paisajes y entornos naturales, lo que crea amplias oportunidades y recursos mineros. Aquí hablaré de los problemas que ha creado la minería en México y de los posibles remedios.
Desde la época colonial, México ha sido una tierra predilecta para la inversión minera nacional y extranjera. Los inversores movilizan importantes capitales para extraer oro, plata, cobre y otros recursos naturales. En las últimas décadas, esta práctica se ha disparado.
Para entender el extractivismo actual de México, debemos regresar al auge neoliberal con la ley minera de 1992, que facilitó la inversión privada extranjera, el otorgamiento de concesiones y las facilidades fiscales. En ese entonces, las empresas privadas compraron de forma rutinaria empresas estatales a precios bajísimos, trasladando el poder y la riqueza masiva a la élite mexicana a costa de la inversión estatal. Estos cambios en la gestión también afectó a los sindicatos y trabajadores mineros, cuyos empleos se volvieron cada vez más precarios y perdieron muchos derechos laborales.
Contraataque
Las empresas mineras pueden ser importantes grupos de presión y de poder de facto, que pueden socavar la democracia en Estados débiles. Por ejemplo, los habitantes de Chihuahua organizaron una protesta en 2008 contra la empresa canadiense Minefinders tras el incumplimiento de un acuerdo con la comunidad a cambio de los derechos de explotación de la mina Dolores. Cuando los manifestantes bloquearon las carreteras de acceso a la mina, el gobierno estatal de Chihuahua y la policía federal intervinieron en apoyo a Minefinders.
El dinero y la influencia política de las empresas mineras las hacen cada vez más inmunes a la rendición de cuentas y les ha otorgado un poder sin precedentes para moldear la ley a su antojo. Por ejemplo, las empresas que explotan minas en México obtienen millones de dólares de beneficios anuales, y eso que México es uno de los principales productores de oro y el líder mundial en plata. Sin embargo, los impuestos sobre estos beneficios solo representan alrededor del 0,1 % del PIB mexicano.
En un espectro global, la política fiscal de México en materia de impuestos sobre los beneficios de las empresas mineras se sitúa en el extremo inferior. A modo de comparación, la legislación mexicana permite al gobierno gravar los ingresos de un individuo hasta en un 35 %. Al igual que en el caso de los actores extranjeros, los inversores mexicanos con intereses en la minería se encuentran entre las personas más ricas de América Latina.
Conclusión
Existe una clara necesidad de equilibrio entre las actividades mineras productivas y el bienestar social, ecológico y económico de las comunidades mexicanas. Esto significa hacer que los inversores mineros rindan cuentas ante el marco legal mexicano. Además, es necesario reformar el régimen fiscal de manera que los mexicanos obtengan un poco más a cambio de la explotación extranjera de sus recursos naturales.
En resumen, México necesita perfeccionar su marco jurídico, pero sus ciudadanos y los medios de comunicación deben seguir denunciando a los agentes que no lo aplican. Tal y como están las cosas, el público en general está recibiendo un trato injusto.
Sobre el autor
Luis Bravo Govea (Ciudad de México, 1992) es licenciado en Sociología y máster en Estudios Políticos y Sociales. Actualmente se especializa en seguridad pública y se dedica también a la docencia. Sus intereses de investigación se centran en el análisis de actores políticos, la política de seguridad en México y la relación México-Estados Unidos.