La respuesta en prácticamente todos los países del mundo sería “nada, porque eso no va a suceder”. Lamentablemente fue lo que sucedió en Argentina, a partir del 2007, con la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. Se necesitaron 8 años y una nueva coalición de gobierno para que el país recupere su Instituto de Estadísticas (INDEC) libre, independiente, autárquico y libre de interferencias por parte del oficialismo.
Empezando por el principio, hay que preguntarse por qué el gobierno de los Kirchner decidió intervenir el INDEC. La respuesta más simple suele ser la correcta, y en este caso, era porque las estadísticas oficiales que describían su gestión no eran buenas.
Comenzaron negando la inflación, variable que les estaba haciendo ganar críticas por parte de la sociedad civil y de la oposición. El dato de IPC que se publicó desde 2007 a 2015 era innecesariamente bajo. Se subestimó la inflación durante 8 años.
Como consecuencia de ello, se sobreestimaba el nivel de ingresos de la población. Como Argentina mide la pobreza monetaria absoluta, en base a una línea de pobreza, la subestimación de la inflación dejaba como consecuencia una subestimación en el conteo de pobres.
La subestimación de la inflación tuvo otro efecto no esperado. De la misma forma que se sobrestimó el nivel de ingreso de la población, se sobreestimó el nivel de ingresos del país, es decir el PBI. A la salida del default en 2005, Argentina había ofrecido a los acreedores un bono que pagaba en función del crecimiento del PBI. Es decir, la sobreestimación del PBI obligó al país a pagar más interés por su deuda externa que la que debería, de haber tomado los datos correctos.
La intervención del INDEC también generó costos de duplicación. En un país donde la oficina de estadísticas es creíble, los gobiernos subnacionales no tienen necesidad de tener sus propias oficinas de estadísticas, sino que se nutren del ente nacional. En el caso argentino, las distintas provincias tuvieron que generar sus propias estadísticas, armando equipos desde cero, capacitándolos, y dotándolos del material necesario para el trabajo. Todos recursos que podrían haber sido usado para otros findes, de no haber existido la intervención.
Obviamente también dificultó la gestión, ya que gobernar con datos que carecen de credibilidad impide la toma de buenas decisiones. En este contexto, la posibilidad de generar políticas públicas basadas en evidencia es baja.
A partir de 2015 comenzó el proceso de reconstrucción del INDEC. Su reputación ha vuelto a ser la de antes, pero aún no queda claro si todos esos años de intervención no han generado un daño irrecuperable en la institucionalidad de las estadísticas públicas en Argentina.
Fuente de la imagen principal: “Big_Data_Prob” por KamiPhuc via Flickr– Creative Commons license (CC BY 2.0).
Sobre el autor
Leandro Marcarian es economista de Buenos Aires. Es licenciado en economía de la Universidad de Buenos Aires (2008), posgrado en economía de la Universidad Torcuato Di Tella en 2012, dos programas de educación ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (crecimiento inclusivo, 2016) y la Universidad de Harvard (Economía líder crecimiento, 2017), y en 2018 el concluyó con méritos el programa de Economía Financiera MSc en Birkbeck, universidad de Londres. Ha trabajado tanto en el sector privado como en el público, en Argentina y en el exterior, en academia y en cooperación con organismos internacionales. Durante los últimos años le ha dedicado a la docencia e investigación. Sus tópicos de investigación son variados, pero es un apasionado de la interacción entre el crecimiento económico y la reducción de pobreza.
