Introducción: una disputa más que comercial
Eran principios de julio de 2025 cuando Washington sacudió el tablero económico con un arancel del 50 % a las exportaciones brasileñas, en una maniobra que pronto se convertiría en un nuevo frente de la disputa por la soberanía digital en América Latina. La Casa Blanca lo presentó como una medida de presión política sobre el Supremo Tribunal Federal (STF). Este investigaba por intento de golpe al expresidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, el documento oficial escondía otro argumento, más amplio y menos confesado: la supuesta “competencia desleal” del sistema estatal de pagos electrónicos instantáneos, el PIX, frente a gigantes estadounidenses como Visa y Mastercard.
La orden ejecutiva, firmada por Donald Trump, no solo tensó las relaciones entre ambos países. También destapó una disputa más profunda que una mera guerra comercial. Lo que estaba en juego era el control tecnológico y digital de América Latina, donde los datos y la infraestructura digital se han convertido en recursos estratégicos.
Lobby e influencia política de las Big Tech
Una investigación conjunta de Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), titulada La mano invisible de las Big Techs, expuso la trama de poder que empresas como Google, Amazon, Meta y Microsoft han tejido durante años en la región. Más que ofrecer servicios, actúan como actores políticos capaces de moldear leyes, influir en gobiernos y orientar decisiones soberanas.
Una de sus tácticas más conocidas es la puerta giratoria: exfuncionarios públicos que, tras dejar sus cargos, cruzan al sector privado con una valiosa agenda de contactos y conocimiento del Estado. Más de 50 lobistas vinculados a exfuncionarios, como Arthur Pereira (ahora en Meta), operaban en el Congreso brasileño para influir en la redacción de normas clave.
En este marco, el Proyecto de Ley 2630 de 2022 (PL das Fake News) buscaba controlar la desinformación digital y prohibir el uso de cuentas automatizadas no identificadas. También proponía crear una autoridad reguladora para supervisar las plataformas digitales. Aunque se presenta como una herramienta para fortalecer la transparencia digital, la participación de las plataformas dominantes les permitió legitimar su operación, bloquear competidores y mantener poder de negociación ante el Estado.
En Colombia, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) jugó un papel central en la actualización de la Ley 1581 de 2012. Participó activamente en debates técnicos sobre la protección de datos personales durante 2025. Su influencia, presentada como defensa de derechos, también muestra cómo el lobby corporativo orienta regulaciones tecnológicas clave.
El fenómeno se repite en toda la región:
- En México, Google y Meta organizaron foros sobre regulación digital.
- En Argentina, Amazon y Microsoft combinaron contratos de infraestructura tecnológica con lobby político.
- En Chile, Meta y Google presionaron sobre las leyes de neutralidad de la red.
El patrón es claro: contacto directo con legisladores, influencia empresarial y campañas mediáticas para moldear un entorno normativo favorable.
Colonialismo digital y dependencia regional
La influencia de las Big Tech ya no se limita a los incentivos fiscales o los pasillos del poder. Su alcance atraviesa la legislación, la economía y la política tecnológica regional, en un fenómeno que varios expertos califican como colonialismo digital.
La influencia de las Big Tech ya no se limita a los incentivos fiscales o los pasillos del poder; también redefine la soberanía digital en América Latina, al entrelazar economía, legislación y tecnología bajo intereses corporativos extranjeros. En un contexto de digitalización acelerada, la concentración de poder tecnológico en pocas manos genera nuevas preguntas. Estas giran en torno a la soberanía informativa, la autonomía estatal y la democracia digital. Las reglas del juego digital, a menudo, ya no se escriben en los parlamentos, sino en las sedes de Silicon Valley.
Infraestructura y poder: el auge de los centros de datos
El control de la infraestructura digital se ha convertido en un nuevo frente de disputa. En septiembre de este año, el gobierno de Lula da Silva impulsó la Medida Provisoria 1.318 de 2025. Esta creó el Régimen Especial de Tributación para Servicios de Datacenter (ReData). La promesa era atraer inversiones y expandir la capacidad tecnológica nacional mediante incentivos fiscales, incluyendo la eliminación de impuestos federales sobre equipos y el fomento del uso de energía renovable.
El plan del gobierno prometía soberanía digital, descentralización y desarrollo tecnológico. Sin embargo, críticos, como explicó el reportaje de la agencia brasileña Aos Fatos, señalan que los beneficios fiscales previstos favorecerían sobre todo a grandes multinacionales tecnológicas. Estas empresas podrían instalar o ampliar sus centros de datos con costos significativamente reducidos, ampliando la brecha frente a proveedores locales y reforzando la dependencia estructural de infraestructura extranjera. Además, se advierte que el elevado consumo de agua y energía genera impactos sociales y ambientales preocupantes. La construcción de instalaciones en zonas de tierra y mano de obra barata agrava estos efectos.
Brasil y México se consolidan como polos regionales de inversión:
- En México, CloudHQ anunció proyectos por más de 7.000 millones de dólares.
- En Brasil, ReData impulsa un liderazgo regional con 162 complejos que concentran el 60 % del mercado latinoamericano.
En Chile, sin embargo, la resistencia social frenó un datacenter de Google debido a su alto consumo hídrico, recordando que el desarrollo digital también deja huella ambiental.
Inteligencia artificial y soberanía digital en América Latina
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) añadió nuevas tensiones entre innovación tecnológica y soberanía digital. México, Argentina, Brasil y Chile discuten marcos legales aún incompletos, mientras Chile trabaja con la UNESCO en lineamientos éticos de IA y Brasil lidera en infraestructura e investigación tecnológica, según el Índice Latinoamericano de IA de la CEPAL (2024).
La falta de normas comunes deja espacio a las corporaciones tecnológicas para moldear las reglas del juego antes que los Estados, profundizando la asimetría regulatoria en América Latina.
Poder mediático y opinión pública
El poder de las Big Tech se refleja también en la formación de la opinión pública. Durante las elecciones brasileñas de 2022, la desinformación masiva en WhatsApp y Telegram obligó al Tribunal Superior Electoral a intervenir. En Argentina, TikTok mostró cómo los algoritmos pueden dirigir el contenido político hacia los votantes jóvenes.
Por otro lado, acuerdos como Google News Showcase en Brasil generaron dependencia económica de los medios locales. Desde 2020, el programa ha establecido acuerdos con medios brasileños para remunerar la curaduría de noticias. Aunque el modelo se presenta como un apoyo al periodismo local, ha creado una nueva forma de dependencia económica. Los ingresos de muchos medios quedan subordinados a la relación contractual con Google.
Esto refuerza el papel de la plataforma como intermediario dominante en la cadena informativa y reduce la autonomía editorial del ecosistema mediático.
Como explica Joshua Benton en Nieman Lab, esta iniciativa de mil millones de dólares repartida en tres años no busca directamente aumentar ingresos de Google ni resolver la crisis de los medios, sino generar favorable prensa y amortiguar la presión regulatoria sobre la empresa, mientras mantiene control sobre qué contenidos y qué socios se benefician del programa.
Conclusión: geopolítica y soberanía digital en América Latina
Hoy, millones de latinoamericanos dependen de WhatsApp, Instagram o Google para comunicarse, informarse e incluso manejar sus finanzas digitales. Esa intermediación tecnológica concentra poder económico y político en pocas empresas, condicionando la privacidad, la estabilidad financiera y los derechos digitales.
La expansión de las Big Tech demuestra que la tecnología no es neutral. Es un campo de disputa geopolítica que pone a prueba la soberanía digital en América Latina y la capacidad de los Estados para mantener su autonomía tecnológica.