Gobernanza criminal en Venezuela: grupos armados y control territorial

En la actualidad, Venezuela no se rige exclusivamente por el modelo clásico de autoridad estatal. En los últimos años, el concepto de gobernanza criminal ha ganado relevancia entre analistas para explicar formas de poder territorial en las que grupos armados ejercen funciones tradicionalmente asociadas al Estado, trazando un mapa social y político complejo.

En este artículo se analiza cómo los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO) han creado un modelo de gobernanza criminal híbrida en Venezuela y cómo influyen en la economía y la vida cotidiana de la población.

¿Qué es la gobernanza criminal?

La gobernanza criminal es un fenómeno en el que grupos estructurados y armados ejercen la autoridad de facto y asumen funciones que por tradición eran del Estado. Para que exista una gobernanza tiene que haber reglas, por ejemplo, qué se puede hacer y qué no, quién puede vender y quién no, qué rutas se pueden transitar y cuáles no.

Además, tiene que existir alguien que castigue a quien no cumpla la ley y “dé protección” al que la cumpla. Por último, alguien que resuelva problemas como permisos, disputas entre vecinos o libre tránsito, entre otros. Todas estas funciones son ejercidas en la actualidad por grupos delincuenciales estructurados en Venezuela.

Así, el concepto de gobernanza criminal permite hacer una lectura distinta a la tradicional, en la que el crimen organizado era entendido como resultado de la ausencia del Estado o como una mera actividad ilícita, pues no se trata simplemente de una desviación criminal, sino de una nueva forma de orden social y territorial (Lessing, 2020).

Desde esta perspectiva, el poder se ejerce de forma compartida y en muchos casos esto no significa necesariamente un conflicto con el Estado; tampoco es un control ejercido de forma caótica, sino organizado. Enrique Desmond Arias (2006), en su análisis de las favelas de Río de Janeiro, argumenta que las redes criminales suelen mantener relaciones complejas con actores políticos, policiales y comunitarios, integrándose en sistemas sociales y políticos más amplios. 

Tal como se observa, la interacción dentro de la gobernanza criminal no implica necesariamente un conflicto, sino una forma de tolerancia mutua y negociación en la que diferentes actores generan orden social.

Control territorial y economías de extorsión en Venezuela 

La gobernanza criminal no puede entenderse únicamente como la presencia de actores armados que operan de forma ilegal, ya que más bien se trata de una reconfiguración del poder en el que la coerción está distribuida en varias autoridades y bajo la cual opera el control territorial y la economía de extorsión.

En este sentido, la extorsión no es simplemente un delito común, sino una forma de obtener y gestionar recursos económicos mediante la coacción. Por ejemplo, es posible que se exija a los trabajadores del transporte, los comerciantes y otros actores locales que realicen pagos («vacunas») a grupos armados a cambio de garantías de que sus actividades comerciales puedan continuar. 

En algunos contextos, estos grupos no solo recurren a la coacción, sino que también desarrollan mecanismos informales de mediación y resolución de conflictos, contribuyendo así a regular las dinámicas económicas y sociales locales. Su capacidad para establecer reglas predecibles y mantener un grado de continuidad en las actividades económicas puede llevar a una aceptación pragmática entre ciertos segmentos de la población, incluso cuando estas estructuras operan al margen de los sistemas legales formales. Como señalan Uribe, Lessing, Schouela y Stecher (2025), algunas organizaciones criminales se esfuerzan por presentarse como proveedoras de orden y protección.

Bajo este contexto, el Estado no sería lo opuesto a este tipo de violencia. De hecho, autores como Charles Tilly (1985) sostienen la tesis de que el Estado históricamente ejerció dinámicas de coerción y protección comparables a las de organizaciones criminales que ofrecían protección a cambio de recursos. En la actualidad, estos grupos convierten la extorsión en un impuesto de seguridad previsible.

Tilly afirma:

“Si las extorsiones representan el crimen organizado en su forma más sutil, entonces la guerra y la creación de estados —extorsiones por excelencia con la ventaja de la legitimidad— califican como nuestros mayores ejemplos de crimen organizado” (p.169). 

En el caso de Venezuela, la dinámica se manifiesta por medio de fuerzas armadas estatales y grupos armados estructurados que coexisten y participan en la administración del control territorial.

De acuerdo con Felbab-Brown (2017), muchos estudios han hecho un análisis simplista que plantea una relación unidireccional entre el Estado y la criminalidad, así como entre las economías ilícitas y el orden internacional. Sin embargo, sostiene que actividades consideradas ilegales en la esfera internacional pueden adquirir formas de legitimidad local cuando ciertos actores armados ofrecen protección, orden o estabilidad económica, permitiéndoles consolidarse como agentes de poder e incluso como actores políticos.

Cómo operan los grupos armados en Venezuela

El control territorial es clave para la gobernanza criminal, pues más que un espacio geográfico, el territorio funciona como una herramienta con la cual se organizan las relaciones de poder y se establecen las dinámicas sociales.

Tal como indica Robert Sack (1986), la territorialidad humana “no es un instinto, sino una poderosa y a menudo indispensable estrategia geográfica para controlar personas y cosas mediante el control del espacio”. De modo que el control territorial que ejercen los actores armados implica la capacidad de intervenir en las economías locales, la movilidad y otras formas de interacción.

En el caso de Venezuela, específicamente en el estado Zulia, por ejemplo, los productores y comerciantes deben pagar una “vacuna”, que no consiste en un robo ejecutado de manera esporádica, sino que es un costo fijo operativo. El GEDO, dependiendo del tamaño del comercio y el volumen de producción, es quien fija la cuota que deben pagar. A cambio, ofrecen que la delincuencia menor no “moleste” a quienes pagan.

De esta manera, se establece un monopolio de la protección que permite que las actividades económicas continúen y garantiza el cumplimiento de las normas impuestas por los GEDO. 

Variaciones regionales de la gobernanza criminal

En toda Venezuela, las dinámicas de control y extorsión impuestas por los grupos armados no se distribuyen de manera uniforme. En una misma región pueden coexistir múltiples actores, aunque uno de ellos pueda dominar, y las alianzas pueden cambiar con el tiempo. 

En las zonas mineras, el control del territorio suele centrarse en las economías extractivas, los corredores estratégicos y los conflictos por el acceso a los recursos minerales (Ebus y Martinelli, 2022). En las regiones fronterizas, prevalecen las dinámicas relacionadas con el contrabando, la movilidad transfronteriza y las rutas ilícitas, con diversos grupos armados que buscan regular el movimiento de personas y mercancías (García Pinzón y Mantilla, 2021). Mientras tanto, en algunos centros urbanos, grupos específicos ejercen la regulación local a través de mercados informales, esquemas de extorsión y mecanismos de control territorial (Antillano, Arias y Zubillaga, 2020). Esta variación ilustra que la gobernanza criminal en Venezuela no se ajusta a un único modelo. En cambio, refleja configuraciones territoriales distintas que se adaptan a las condiciones económicas y sociales de cada región.

Gobernanza criminal e influencia en la vida cotidiana

La configuración territorial es diferenciada, es decir, según la región y el tipo de economía que predomine. Quienes transportan alimentos muchas veces deben pagar cuotas de dinero en “peajes”, cuyas autoridades no siempre son claras, en todo caso, sin importar el uniforme, el transportista debe pagar para continuar su trayecto. Un artículo de InSight Crime, actualizado en junio de 2025, señala que el Tren del Llano se mantenía como actor clave en la región central de Venezuela y que, junto con el Tren de Aragua, ambos grupos mantuvieron acuerdos de coexistencia territorial.

En otra investigación, el Observatorio Venezolano de Violencia identificó doce grupos delictivos dedicados a la extorsión, en distintos municipios del estado Zulia, entre los que se encuentran El Conas, El Adriancito, Yeico Masacre y otros. 

Finalmente, un informe de Transparencia Venezuela sugiere una posible participación de agencias gubernamentales en actividades criminales, lo que podría contribuir a procesos de desinstitucionalización y desconfianza ciudadana en determinadas regiones del país.

Conclusión

El fenómeno del crimen organizado y la gobernanza criminal no se debe analizar de modo simplista. En el caso venezolano, el crimen organizado no opera únicamente como un actor externo, sino como parte de una gobernanza híbrida en la que funciones de control, regulación y coerción se distribuyen territorialmente entre distintos actores.

En este contexto, la distinción tradicional entre Estado y criminalidad resulta insuficiente para comprender la dinámica social y política actual de Venezuela, pues ambos coexisten e interactúan dentro del mismo espacio social. Aunque estas economías ilícitas pueden producir ciertas formas de estabilidad o regulación local, ello no implica legitimidad democrática ni protección efectiva de derechos. Precisamente por esa complejidad, desmontar estos órdenes podría requerir estrategias de debilitamiento progresivo más que confrontaciones directas que, en algunos casos, podrían generar efectos contrarios a los esperados.

Lecturas recomendadas

Para ampliar el análisis sobre gobernanza criminal, control territorial y dinámicas de violencia en América Latina, los lectores también pueden consultar:

• Consejos Comunales en Venezuela — Un análisis sobre el origen, funcionamiento y diseño institucional de los Consejos Comunales dentro del proyecto político del chavismo. El artículo examina cómo estas organizaciones comunitarias han contribuido a formas híbridas de gobernanza local y coexistencia entre estructuras estatales y mecanismos paralelos de poder.
• Rutas del narcotráfico en América Latina — Un estudio sobre las principales rutas del narcotráfico y las dinámicas transnacionales del crimen organizado en la región. El análisis ayuda a contextualizar cómo las economías ilícitas, las fronteras y los corredores estratégicos influyen en las formas contemporáneas de control territorial.
• Violencia en América Latina: el caso de Brasil — Una perspectiva regional sobre violencia, criminalidad y respuestas estatales en América Latina. El artículo sitúa las dinámicas venezolanas dentro de patrones más amplios de gobernanza, militarización y control territorial en la región.

Referencias

Antillano, A., Arias, E. D., & Zubillaga, V. (2020). Violence and territorial order in Caracas, Venezuela. Political Geography, 82, 102221. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102221

Arias, E. D. (2006). The dynamics of criminal governance: Networks and social order in Rio de Janeiro. Journal of Latin American Studies, 38(2), 293–325. https://doi.org/10.1017/S0022216X06000721

Ebus, B., & Martinelli, T. (2022). Venezuela’s gold heist: The symbiotic relationship between the state, criminal networks and resource extraction. Bulletin of Latin American Research, 41(4), 561–576. https://doi.org/10.1111/blar.13246

Felbab-Brown, V. (2017). Organized crime, illicit economies, civil violence and international order: More complex than you think. Daedalus, 146(4), 98–111. https://doi.org/10.1162/daed_a_00462 

García Pinzón, V., & Mantilla, J. (2021). Contested borders: Organized crime, governance, and bordering practices in Colombia–Venezuela borderlands. Trends in Organized Crime, 24(3), 265–281. https://doi.org/10.1007/s12117-020-09399-3

InSight Crime. (2025, 5 de junio). Tren del Llano. InSight Crime. https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/tren-llano/

Lessing, B. (2020). Conceptualizing criminal governance. Perspectives on Politics, 19(3), 854–873. https://doi.org/10.1017/S1537592720001243

Observatorio Venezolano de Violencia. (2023, 23 de agosto). 25 víctimas fatales han dejado las extorsiones en el Zulia. Observatorio Venezolano de Violencia. https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/25-victimas-fatales-han-dejado-las-extorsiones-en-el-zulia/

Sack, R. D. (1986). Human territoriality: Its theory and history. Cambridge University Press.

Tilly, C. (1985). War making and state making as organized crime. In P. B. Evans, D. Rueschemeyer, & T. Skocpol (Eds.), Bringing the state back in (pp. 169–191). Cambridge University Press.

Transparencia Venezuela. (2023, 7 de agosto). Agentes criminales, interacciones oscuras. Transparencia Venezuela. https://transparenciave.org/economias-ilicitas/agentes-criminales-interacciones-oscuras/

Uribe, A., Lessing, B., Schouela, N., & Stecher, E. (2025). Criminal governance in Latin America: Prevalence and correlates. Perspectives on Politics, 24(1), 124–142. https://doi.org/10.1017/S1537592725101849