El encarcelamiento masivo se ha convertido en uno de los rasgos más visibles y controvertidos de los sistemas penales contemporáneos. En América Latina, los debates sobre sobrepoblación carcelaria, prisión preventiva y expansión punitiva ocupan un lugar central en la discusión pública y académica. Sin embargo, los niveles elevados de encarcelamiento no son exclusivos de regímenes autoritarios ni de contextos institucionalmente frágiles. Algunas de las tasas más altas y dinámicas de crecimiento más aceleradas se han producido dentro de sistemas democráticos.
Esta constatación plantea una pregunta institucional de fondo: ¿cómo gestionan las democracias el delito, la inseguridad y la desigualdad social, y por qué el encarcelamiento tiende a consolidarse como una respuesta política recurrente? El contraste entre Estados Unidos y Argentina ofrece una perspectiva comparada útil para abordar esta cuestión. Aunque ambos países difieren en tradición jurídica, trayectoria política y estructura socioeconómica, en las últimas décadas han experimentado procesos significativos de expansión carcelaria.
El Encarcelamiento Masivo en Estados Unidos
En Estados Unidos, las tasas de encarcelamiento suelen ser el primer indicador que surge al debatir el sistema penitenciario como problema público. Aunque estas tasas alcanzaron su punto máximo alrededor de 2008 y desde entonces han disminuido parcialmente, el país continúa registrando uno de los niveles de encarcelamiento más altos del mundo, superando a numerosos regímenes autoritarios (Widra, 2024). Estados Unidos alberga aproximadamente el 5% de la población mundial, pero concentra cerca del 20% de las personas privadas de libertad a nivel global (Wagner & Bertram, 2020).
El aumento histórico del encarcelamiento fue desproporcionado en relación con las variaciones en las tasas de delitos violentos y contra la propiedad, que alcanzaron su punto máximo a principios de la década de 1990 y luego descendieron de manera significativa.
A pesar de la reducción gradual en las tasas de encarcelamiento, las condenas han tendido a endurecerse, prolongando los períodos de privación de libertad. Durante las últimas décadas, las reformas legislativas han favorecido sanciones más severas en lugar de alternativas menos restrictivas. Diversos estudios atribuyen este giro a una cultura política de “mano dura contra el crimen”, donde los actores políticos compiten por demostrar mayor firmeza punitiva. Como resultado, se consolidaron condenas extremadamente extensas. En 2024, aproximadamente una de cada seis personas encarceladas en Estados Unidos cumplía cadena perpetua, el nivel más alto registrado hasta la fecha (Nellis & Barry, 2025).
Desigualdad Racial y Sistema Penal en Estados Unidos
Las elevadas tasas de encarcelamiento y la severidad de las penas han contribuido a reproducir patrones persistentes de desigualdad racial. Las personas afroamericanas y las personas hispanas se encuentran sobrerrepresentadas en la población penitenciaria. Aunque las personas afroamericanas constituyen aproximadamente el 14% de la población total y las personas hispanas alrededor del 19%, en 2025 representaban cerca del 41% y el 20%, respectivamente, de la población encarcelada en prisiones y cárceles (Sawyer & Wagner, 2025).
La existencia de antecedentes penales dificulta el acceso al empleo formal, al crédito hipotecario y a determinados beneficios públicos, lo que amplifica desigualdades estructurales preexistentes.
Si bien reformas como la modificación de leyes de drogas, la ampliación de programas de desvío y otros esfuerzos orientados a reducir el encarcelamiento masivo han contribuido a una disminución en las tasas de encarcelamiento de personas afroamericanas e hispanas desde principios de los años 2000, las brechas siguen siendo significativas. Por ejemplo, la probabilidad acumulada de encarcelamiento para hombres afroamericanos nacidos en 2001 se redujo a aproximadamente uno de cada cinco, en comparación con uno de cada tres para la cohorte nacida en 1981 (Ghandnoosh, 2023). No obstante, la desigualdad racial en el sistema penal persiste como rasgo estructural.
La Expansión del Encarcelamiento en Argentina
Si Estados Unidos representa una trayectoria consolidada de encarcelamiento masivo, Argentina ilustra un proceso de expansión más reciente pero sostenido. Desde comienzos de los años 2000, la tasa nacional de encarcelamiento se ha más que duplicado, pasando de aproximadamente 123 personas por cada 100.000 habitantes en 2001 a 256 por cada 100.000 en 2024, según datos del SNEEP compilados y sistematizados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM, 2025).
El crecimiento se ha acelerado en los últimos años. Entre 2023 y 2024, la población penitenciaria aumentó entre un 7% y un 8%, y desde 2014 el incremento acumulado ronda el 75% (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2024). Con excepción de una breve caída durante la pandemia de COVID-19 en 2020, la tendencia general ha sido ascendente.
Esta expansión ha generado tensiones institucionales significativas. El censo SNEEP 2024 reporta una tasa promedio nacional de sobreocupación del 22,9% (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2024). Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura estima una ocupación cercana al 130% de la capacidad declarada, equivalente a más del 30% de sobrepoblación, utilizando una metodología alternativa de cálculo (CNPT, 2025).
Sobrepoblación, Perfil Demográfico y Prisión Preventiva
El perfil demográfico de la población privada de libertad revela patrones de concentración social. A diciembre de 2024, entre el 95% y el 96% de las personas encarceladas eran varones; más de la mitad tenía menos de 35 años; y la mayoría había completado únicamente la educación primaria o menos (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2024). Estos datos sugieren que el encarcelamiento afecta de manera desproporcionada a jóvenes con trayectorias educativas limitadas, sectores que ya enfrentan barreras estructurales en el mercado laboral.
La composición jurídica del encarcelamiento también ha evolucionado. En 2024, alrededor del 60% de las personas privadas de libertad contaba con condena firme, mientras que más de 45.000 permanecían en prisión preventiva a nivel nacional (CNPT, 2025). Asimismo, más de 12.000 personas se encontraban bajo modalidades de arresto domiciliario o monitoreo electrónico (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2024). La utilización de medidas alternativas parece expandirse, aunque el total de personas privadas de libertad continúa en aumento.
Convergencia de las Tasas de Encarcelamiento (2002–2024)
La Figura 1 muestra las trayectorias contrastantes de las tasas de encarcelamiento en Estados Unidos y Argentina entre 2002 y 2024. A comienzos del período, Estados Unidos encarcelaba a casi cuatro veces más personas por cada 100.000 habitantes que Argentina. Durante las dos décadas siguientes, la brecha se redujo de manera considerable. Mientras que las tasas estadounidenses descendieron desde su pico de finales de la década de 2000, la tasa argentina se duplicó con creces. Para 2024, la diferencia entre ambos países se había reducido a poco más de 100 personas por cada 100.000 habitantes.
La tendencia sugiere no una divergencia, sino una convergencia parcial entre dos sistemas democráticos con trayectorias distintas.
Democracia y Expansión Punitiva
Aunque Estados Unidos y Argentina presentan trayectorias institucionales distintas, ambos casos muestran que la expansión del encarcelamiento no es incompatible con la democracia. Por el contrario, puede desarrollarse dentro de sistemas competitivos, con elecciones periódicas y garantías formales de derechos. El crecimiento sostenido de la población privada de libertad en contextos democráticos obliga a replantear la idea de que el castigo extremo es, ante todo, un rasgo exclusivo de regímenes autoritarios.
La investigación comparada matiza la suposición de que los niveles extremos de encarcelamiento constituyen inherentemente un fenómeno autoritario. Los análisis transnacionales sugieren que los sistemas más democráticos tienden a exhibir mayores salvaguardas procesales y menores niveles de encarcelamiento que los regímenes autoritarios (Sung, 2006). Sin embargo, el caso de Estados Unidos ha destacado históricamente entre las democracias avanzadas por su dependencia estructural del encarcelamiento como herramienta central de política penal (Enns, 2016). La experiencia argentina sugiere que procesos de expansión punitiva también pueden consolidarse en otros contextos democráticos bajo condiciones de presión política, incentivos institucionales y demandas sociales de seguridad.
En este sentido, la democracia no opera automáticamente como un freno a la expansión punitiva. Los incentivos electorales y la sensibilidad de los actores políticos frente a la opinión pública pueden contribuir, en determinados contextos, al fortalecimiento de políticas orientadas al encarcelamiento (Enns, 2016). A corto plazo, los costos políticos de endurecer el sistema penal suelen ser limitados, mientras que las consecuencias sociales de largo plazo se distribuyen de manera difusa y recaen de forma desproporcionada sobre sectores ya estructuralmente vulnerables.
El análisis comparado entre Estados Unidos y Argentina indica que el encarcelamiento masivo puede institucionalizarse gradualmente dentro de marcos democráticos, transformándose de respuesta excepcional en mecanismo ordinario de control social. Cuando la privación de la libertad se convierte en la solución predominante frente a problemas de desigualdad, exclusión o debilidad institucional, el sistema penal comienza a absorber tensiones que deberían resolverse en otros ámbitos de política pública.
Comprender cómo las democracias normalizan la expansión punitiva resulta, por lo tanto, fundamental para cualquier agenda de reforma. Más allá de las diferencias nacionales, el desafío común consiste en fortalecer los límites institucionales al castigo, mejorar la transparencia en la producción de datos y replantear el uso de la prisión como respuesta primaria a la inseguridad.
Lecturas recomendadas
Para ampliar el análisis sobre gobernanza democrática, capacidad institucional y dinámicas estructurales en América Latina, pueden consultarse los siguientes trabajos del Instituto Suru:
- Historia económica de Argentina — Un análisis de largo plazo sobre los ciclos de inestabilidad, reforma y transformación institucional en Argentina. Comprender estas trayectorias estructurales ayuda a contextualizar cómo las tensiones económicas y políticas influyen en la expansión del sistema penal y en la capacidad del Estado para gestionar la conflictividad social.
- ¿Qué pasa cuando el gobierno interviene el instituto de estadísticas del país? — Un examen sobre la autonomía institucional y la credibilidad de los sistemas estadísticos nacionales. Este análisis complementa el debate sobre encarcelamiento masivo al subrayar la importancia de la transparencia y la calidad de los datos en la formulación de políticas públicas y en la rendición de cuentas democrática.
- Violencia en América Latina: el caso de Brasil — Una perspectiva regional sobre el aumento de la violencia y las respuestas estatales en América Latina. El artículo sitúa la expansión punitiva dentro de tendencias más amplias de gobernanza, mostrando cómo las demandas de seguridad pueden reforzar políticas de encarcelamiento en distintos contextos democráticos.
Referencias
Bureau of Justice Statistics. (2024). Prisoners in 2023 – Statistical tables. U.S. Department of Justice. https://bjs.ojp.gov
Comisión Provincial por la Memoria. (2025). Tasas comparadas Argentina – Provincia de Buenos Aires (cada 100.000 habitantes) [Interactive data visualization]. Retrieved March 2026, from https://www.comisionporlamemoria.org/datosabiertos/politica-criminal/tasas-de-encarcelamiento/
Enns, P. K. (2016). Incarceration Nation: How the United States Became the Most Punitive Democracy in the World. Cambridge University Press.
Ghandnoosh, N. (2023, October 11). One in five: Ending racial inequity in incarceration. The Sentencing Project. https://www.sentencingproject.org/reports/one-in-five-ending-racial-inequity-in-incarceration/
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (2024). Informe anual SNEEP 2024: Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena. https://www.argentina.gob.ar/justicia/politicacriminal/estadisticas-e-informes/sneep-2024
Nellis, A., & Barry, C. (2025, January 8). A matter of life: The scope and impact of life and long-term imprisonment in the United States. The Sentencing Project. https://www.sentencingproject.org/reports/a-matter-of-life-the-scope-and-impact-of-life-and-long-term-imprisonment-in-the-united-states/
Sawyer, W., & Wagner, P. (2025, March 11). Mass incarceration: The whole pie 2025. Prison Policy Initiative. https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2025.html
Sung, H. (2006). Democracy and criminal justice in cross-national perspective: From crime control to due process. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 605, 311-337. https://www.jstor.org/stable/25097810