Cuarenta años después de que Colombia iniciara su experimento de descentralización política, el debate sobre sus efectos sigue abierto. ¿Ha logrado la descentralización acercar el poder a la ciudadanía? ¿Ha fortalecido la democracia, o simplemente ha reproducido viejos problemas en nuevos niveles de gobierno?
Un estudio académico reciente, elaborado por Andrés Chilito y David Moreno Trujillo y publicado en Revista Política bajo el título “Descentralización política en Colombia: un balance general en sus cuarenta años”, ofrece una evaluación equilibrada de estas preguntas. Los autores sostienen que la descentralización política en Colombia no ha sido ni un éxito rotundo ni un fracaso absoluto. Si bien las reformas modificaron el escenario político, no lo transformaron de manera estructural. Surgieron nuevos espacios democráticos, pero muchas restricciones históricas permanecieron intactas.
Este análisis del Instituto Suru sintetiza sus principales hallazgos, evalúa sus argumentos y reflexiona sobre lo que la experiencia colombiana revela acerca de la descentralización y la democracia en América Latina.
Del centralismo a la reforma: los orígenes de la descentralización política en Colombia
Al igual que gran parte de América Latina, Colombia heredó una tradición política profundamente centralista. Durante décadas, la autoridad política estuvo concentrada en la ciudad de Bogotá, y los funcionarios locales solían ser designados desde el nivel central en lugar de ser elegidos por la ciudadanía.
Sin embargo, durante las décadas de 1970 y 1980, este modelo comenzó a mostrar señales evidentes de agotamiento. Las protestas cívicas en demanda de mejores servicios públicos se intensificaron, la confianza en las instituciones políticas se deterioró, el conflicto armado se expandió y la legitimidad electoral se debilitó. Al mismo tiempo, el predominio histórico de los partidos Liberal y Conservador restringía la competencia política y limitaba la renovación del sistema.
En este contexto, la descentralización no surgió como un simple ajuste tecnocrático, sino como una necesidad democrática.
Entre las reformas clave se destacan:
- El Acto Legislativo No. 1 de 1986, que permitió por primera vez la elección popular de los alcaldes municipales.
- La Constitución de 1991, que introdujo la elección popular de los gobernadores y amplió los mecanismos formales de participación democrática. Entre ellos se incluyeron el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el cabildo abierto y la iniciativa legislativa.
En conjunto, estas transformaciones buscaron ampliar la democracia más allá de las elecciones periódicas, promoviendo una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos.
Si bien la Constitución de 1991 estableció los principios generales de la participación política, fue la legislación posterior —en particular las Leyes 134 de 1994, 741 de 2002 y la Ley 1757 de 2015— la que tradujo la descentralización en reglas operativas concretas. Estas normas ampliaron el acceso a los mecanismos de participación, aumentaron su flexibilidad y abordaron aspectos relacionados con la financiación y los incentivos desde los distintos niveles de gobierno.
En su conjunto, estas reformas marcaron una ruptura decisiva con el pasado centralista de Colombia.
Qué cambió con la descentralización política: nuevos espacios democráticos
Uno de los efectos más visibles de la descentralización política en Colombia fue la apertura del sistema político a nivel local. La ciudadanía adquirió la capacidad de elegir a sus autoridades, debatir decisiones públicas y acceder a nuevos instrumentos de participación. Como resultado, los gobiernos locales comenzaron a vincularse de manera más directa con las preocupaciones cotidianas de la población, muchas de las cuales habían sido históricamente ignoradas por el nivel central.
Este cambio es particularmente relevante si se considera que la alcaldía constituye, en muchos municipios, la expresión más tangible del Estado.
Diversos estudios sugieren que la descentralización contribuyó a mejorar la visibilidad política, la capacidad de respuesta frente a las necesidades locales, la participación comunitaria y el pluralismo en las elecciones municipales. En un país marcado por profundas desigualdades, conflicto armado y diversidad territorial, estos avances no son menores.
No obstante, una mayor cercanía con la ciudadanía también implicó una mayor exposición a las dinámicas de poder locales. Como señalan Chilito y Moreno Trujillo, la descentralización amplió la participación política, pero al mismo tiempo incrementó la vulnerabilidad frente a prácticas de corrupción y manipulación electoral.
De acuerdo con información de la Misión de Observación Electoral (MOE), en numerosos municipios persisten riesgos significativos. Entre ellos se encuentran la compra de votos, la coacción electoral, la manipulación del censo electoral, la intimidación por parte de actores armados, concentraciones irregulares de votación y el uso indebido de la financiación de campañas.
En muchas regiones del país, la política local continúa estando atravesada por el clientelismo, la coerción o la violencia. La descentralización política en Colombia no eliminó estas dinámicas y, en algunos casos, simplemente las trasladó a nuevos ámbitos territoriales.
Participación política de las mujeres en Colombia: avances incompletos pero en curso
A pesar de las reformas que incorporaron cuotas de género, Chilito y Moreno Trujillo señalan que la participación política de las mujeres en Colombia continúa estando fuertemente condicionada. Si bien la representación femenina ha aumentado con el tiempo, sigue situándose muy por debajo de la paridad.
Según datos de la Unión Interparlamentaria (UIP), Colombia ocupa el puesto 75 entre 186 países en términos de representación de mujeres en el parlamento, con aproximadamente un 30,1 % de los escaños ocupados por mujeres (Falah, 2025). En los niveles municipal y departamental, la participación femenina es aún menor, con menos del 20 % de los cargos electivos ocupados por mujeres.
Figura. Proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara de Representantes y el Senado de Colombia, 1991–2022. Aunque la representación femenina ha aumentado de forma gradual, persisten diferencias significativas entre cámaras y ciclos electorales.
Estas brechas reflejan tanto barreras culturales como estructurales. El acceso desigual a la financiación de campañas sigue siendo un obstáculo central. Asimismo, las organizaciones partidarias suelen tratar a las mujeres como meras candidatas para cumplir con cuotas, más que como postulantes con reales posibilidades de competir. A ello se suma la debilidad de los incentivos institucionales destinados a promover liderazgos femeninos.
Si bien la descentralización aún no ha producido una paridad de género plena en el Congreso colombiano, las tendencias en la representación femenina sugieren un proceso de mejora sostenida más que de estancamiento. La trayectoria observada es coherente con un proceso gradual de adaptación institucional y cultural, en el que las reformas formales anteceden a cambios en el comportamiento de los partidos, los mecanismos de reclutamiento de candidaturas y las expectativas del electorado. En este sentido, la ausencia de paridad no debe interpretarse como evidencia de un fracaso institucional, sino como indicio de que la inclusión de género sigue siendo un proceso en curso y desigual.
Mecanismos de participación ciudadana en Colombia: democracia en el papel
Colombia cuenta hoy con uno de los conjuntos más amplios de mecanismos formales de participación ciudadana en América Latina. En el plano normativo, la ciudadanía puede incidir en las decisiones públicas a través de figuras como la revocatoria del mandato, el referendo y la consulta popular.
En la práctica, sin embargo, estos mecanismos se utilizan de manera muy limitada. Hasta la fecha, solo un alcalde ha sido removido exitosamente mediante una revocatoria del mandato, y los referendos de carácter local son extremadamente poco frecuentes.
Las consultas populares experimentaron un breve auge tras fallos de la Corte Constitucional que habilitaron a los municipios a pronunciarse sobre proyectos extractivos en sus territorios. No obstante, en 2018 su alcance fue restringido de forma significativa. El control nacional sobre los recursos estratégicos fue reafirmado, reduciendo de manera sustancial la autonomía local.
Estos desarrollos ponen de relieve una tensión persistente entre la democracia local en Colombia y el poder centralizado del Estado.
El problema de fondo es institucional más que normativo. La ciudadanía enfrenta importantes barreras de información y de capacidad técnica. Los requisitos para participar son complejos y costosos. Además, las autoridades nacionales conservan la facultad de anular decisiones adoptadas a nivel local. A ello se suma que los espacios participativos suelen estar dominados por élites locales.
En conjunto, estas restricciones dan lugar a lo que puede denominarse participación procedimental: mecanismos que existen en el papel, pero que rara vez logran modificar decisiones políticas o empoderar efectivamente a las comunidades.
Lo que revela la experiencia colombiana sobre la descentralización en las Américas
Desde la perspectiva regional del Instituto Suru, este análisis ofrece varias lecciones relevantes.
En primer lugar, las instituciones deben ser capaces, no solo constitucionales. Sin autonomía fiscal, transparencia, seguridad y respaldo ciudadano, la descentralización queda expuesta a la captura por intereses arraigados.
En segundo lugar, la democracia local no puede consolidarse allí donde la violencia y el clientelismo dominan la competencia política. En distintos países de las Américas, la descentralización se debilita cuando las comunidades enfrentan coerción o control armado.
En tercer lugar, la representación sustantiva resulta más relevante que la inclusión meramente descriptiva. Ampliar la oferta electoral es insuficiente si persisten barreras estructurales que impiden una participación significativa de las mujeres y de los grupos históricamente marginados.
Por último, la participación debe incidir en los resultados. Cuando la ciudadanía se involucra sin observar efectos concretos, la confianza se erosiona. La participación democrática pierde legitimidad cuando se vuelve simbólica en lugar de efectiva.
A la luz de estas limitaciones, Colombia podría estar en condiciones de avanzar hacia una segunda ola de descentralización, aún pendiente. Dicha etapa exigiría ir más allá del diseño institucional formal y apostar por un empoderamiento sustantivo, que incluya autonomía fiscal para los municipios, cooperación regional más allá de las fronteras territoriales, plataformas digitales para el control ciudadano, presupuestos participativos, reformas políticas sensibles al género, sistemas comunitarios de transparencia y marcos de seguridad territorial que protejan activamente la democracia local.
La democracia no se reconstruye únicamente en las urnas. Se reconstruye, sobre todo, en las instituciones cotidianas donde interactúan la ciudadanía y el Estado.
Conclusión
Cuatro décadas de descentralización política en Colombia han transformado la arquitectura democrática del país. Hoy, la ciudadanía elige a sus líderes locales, existen mecanismos formales de participación y la democracia a nivel local es más visible de lo que era bajo un régimen centralizado.
Al mismo tiempo, la descentralización no ha resuelto plenamente las restricciones estructurales que limitan la profundidad democrática. La violencia, la corrupción, la desigualdad de género y la debilidad institucional continúan influyendo en los resultados políticos, de manera desigual entre regiones y niveles de gobierno. Estas limitaciones no reflejan el fracaso de la descentralización como reforma, sino la dificultad de traducir el cambio institucional formal en prácticas democráticas sustantivas.
El proceso de descentralización en Colombia se entiende mejor como un proceso en curso, más que como un logro concluido. El progreso ha sido real, pero desigual, condicionado por procesos de adaptación cultural, el comportamiento de los partidos políticos, las condiciones de seguridad y la capacidad institucional. En varios ámbitos, las tendencias apuntan a una mejora gradual más que a un estancamiento, aun cuando la paridad y la inclusión siguen siendo incompletas.
Si Colombia aspira a profundizar su democracia, la siguiente fase de la descentralización deberá ir más allá de los mecanismos formales y centrarse en el fortalecimiento de las comunidades llamadas a utilizarlos. Esto implica consolidar las instituciones locales, promover una participación significativa que influya en los resultados y proteger la competencia democrática en el ámbito territorial.
La democracia no se reconstruye únicamente en las urnas. Se reconstruye en las instituciones cotidianas donde interactúan la ciudadanía y el Estado.
Lecturas recomendadas
Para ampliar el contexto sobre las instituciones democráticas, la participación ciudadana y la legitimidad política en América Latina, también pueden resultar de interés los siguientes artículos del Instituto Suru:
- Crisis de la democracia en América Latina — Un análisis del deterioro de la confianza pública en las instituciones democráticas de la región y de la creciente brecha entre los procedimientos formales de la democracia y la rendición de cuentas sustantiva.
- De precio y valor: la contribución de los pequeños agricultores colombianos a los mercados mundiales — Una mirada a cómo las políticas nacionales y las decisiones institucionales se experimentan a nivel local en Colombia, destacando las consecuencias cotidianas de la gobernanza y la capacidad estatal.
- ¿Qué pasa cuando el gobierno interviene el instituto de estadísticas del país? — Un caso comparativo desde Argentina que examina cómo la intervención del poder central puede erosionar la credibilidad institucional y debilitar la confianza democrática.
Referencias
Chilito, A., & Moreno Trujillo, D. (2025). Descentralización política en Colombia: Un balance general en sus cuarenta años. Política. Revista de Ciencia Política, 63(1), 189–212. https://revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/view/76034/79912
Falah, N. (2025, April 10). Colombia lags behind Latin America in political gender parity. ColombiaOne. https://colombiaone.com/2025/04/10/colombia-gender-parity-politics/
Inter-Parliamentary Union. (2025). Parline: Data on women – Colombia, House of Representatives. Retrieved from https://data.ipu.org/parliament/CO/CO-LC01/