Mientras que los líderes políticos antes parecían intocables, en los últimos años ha comenzado a revelarse un nuevo patrón de rendición de cuentas de los expresidentes. Los jefes de Estado ahora enfrentan procesos judiciales, sentencias e incluso cárcel, especialmente después de dejar el poder. Este cambio global señala el ascenso de la persecución política como una nueva forma de rendición de cuentas democrática.
Por qué la rendición de cuentas de los expresidentes está aumentando en todo el mundo
En uno de los casos más recientes y llamativos, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue sentenciado a 27 años en relación con un intento de golpe tras su derrota electoral de 2022, según múltiples fuentes (Associated Press, 2025). Después de una serie de apelaciones rechazadas, comenzó a cumplir una larga condena a finales de noviembre de 2025.
El destino de Bolsonaro recuerda otro caso reciente: el del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien fue sentenciado a cinco años por conspirar para aceptar fondos de campaña del fallecido dictador libio Muammar Gaddafi (Gozzi, 2025). Tras unas semanas en confinamiento solitario en la prisión La Santé de París, Sarkozy fue liberado mientras espera apelación.
Los tribunales peruanos también sentenciaron recientemente al expresidente Pedro Castillo a 11 años y medio de prisión por intentar disolver el Congreso (Stepansky & News Agencies, 2025). Asimismo, el expresidente estadounidense Donald Trump fue condenado por múltiples delitos en 2024. Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Ollanta Humala, Alan García y Lula da Silva, junto con muchos otros exmandatarios latinoamericanos, también han sido investigados o procesados por corrupción en los últimos años. Claramente, la rendición de cuentas de los expresidentes es cada vez más común en todo el mundo.
La inmunidad informal se está debilitando
Durante la mayor parte de la historia moderna, presidentes y primeros ministros salían del cargo con una especie de inmunidad informal. Normalmente contaban con la protección de élites políticas, redes partidarias y el simple temor de que procesar a los líderes pudiera desestabilizar la democracia. Por lo tanto, esta tendencia plantea una pregunta crítica: ¿hemos llegado al final de una era?
Los datos: los procesamientos están aumentando
Estos ejemplos ofrecen más que evidencia anecdótica. Científicos políticos reportan una tendencia creciente de enjuiciamientos de exjefes de Estado. Un reciente conjunto de datos transnacional sobre responsabilidad penal, Heads of Government Convicted of Crimes (HGCC) (Da Ros & Gehrke, 2024), muestra un aumento del 121% en las condenas por corrupción desde principios de la década del 2000 hasta la de 2010, etapa en la que hubo 31 condenas. El mismo conjunto de datos indica que no hubo condenas de este tipo entre los años 40 y los 60, y solo una en los 70. Todas las regiones del mundo muestran esta tendencia.
Un informe de Freedom House (de la Iglesia, 2024) también encontró que las crecientes tasas de condena no ocurren únicamente en regímenes inestables. Incluso países como Francia, Corea del Sur e Israel están enjuiciando a sus exlíderes. En resumen, la persecución penal se está convirtiendo en un fenómeno democrático global.
¿Por qué ahora?
Científicos políticos y juristas apuntan a tres fuerzas para explicar por qué aumenta la rendición de cuentas de los expresidentes:
- Los tribunales son más independientes,
- La sociedad civil y el periodismo investigativo se han fortalecido,
- Los ciudadanos han cambiado.
En conjunto, estos factores hacen más visible la corrupción y los abusos de poder, incrementando la probabilidad de enjuiciamiento.
Los tribunales se han vuelto más independientes
En muchos países latinoamericanos, los sistemas judiciales estuvieron históricamente subordinados al poder ejecutivo, especialmente bajo regímenes militares o hiperpresidencialistas. Sin embargo, desde la década de 1970, muchos Estados han emprendido reformas como cambios en los sistemas de nombramiento, protección de mandatos y creación de tribunales constitucionales, dirigidas a aumentar la autonomía judicial (Orrego Hoyos, 2021).
Aunque el progreso varía entre países, estas reformas han ampliado la capacidad de los tribunales para llevar adelante casos políticamente sensibles con menor riesgo de represalias ejecutivas. Al fortalecer el Estado de derecho, se erosiona la tradicional impunidad presidencial de la región y crece la rendición de cuentas democrática.
La sociedad civil y el periodismo investigativo se han fortalecido
En las últimas dos décadas, el crecimiento de organizaciones de la sociedad civil y del periodismo de investigación ha desempeñado un papel fundamental en la exposición de la corrupción política en América Latina. Según académicos, los ecosistemas mediáticos independientes, especialmente los vinculados a filtraciones, denuncias y redes de investigación transnacionales, han aumentado su influencia para vigilar el poder político (Palau-Sampio, 2020).
Colaboraciones globales como el ICIJ, el proyecto Panama Papers y las investigaciones en torno al caso Lava Jato demuestran cómo las plataformas digitales y el periodismo transnacional pueden revelar mecanismos financieros que antes operaban con relativa impunidad. Por ello, el debilitamiento del monopolio estatal de la información ha vuelto más visible la corrupción y más costoso ignorarla, obligando a las instituciones judiciales y élites políticas a responder.
Los ciudadanos han cambiado
Las generaciones jóvenes en América Latina ya no se impresionan por la vieja clase política. Encuestas regionales muestran un colapso de la confianza en los gobernantes y crecientes demandas de transparencia. Mientras tanto, las redes sociales convierten cada escándalo en una conversación pública.
El resultado es una generación que cuestiona a los “hombres fuertes”, exige consecuencias y considera obsoleta la impunidad. Este cambio en las actitudes cívicas está redefiniendo el significado de la rendición de cuentas de los expresidentes, como se analiza en nuestro artículo sobre democracia en América Latina (Tuttle, 2025).
¿Persecución política o rendición de cuentas democrática?
Si bien es tentador ver estos cambios como victorias hacia la transparencia, también merece atención un argumento contrario: procesar a los jefes de Estado a veces responde a persecuciones políticas, conocidas como “lawfare.” Es decir, los sistemas judiciales pueden utilizarse para sacar de la escena a los partidos opositores.
Por ejemplo, un estudio de 2017 de Milena Ang Collan Granillo comparando períodos contemporáneos e históricos en México encontró que los juicios politizados ocurren con mayor frecuencia en etapas democráticas que en autoritarias. Bajo condiciones democráticas, los actores judiciales son más propensos a alinearse con partidos opositores y colaborar para apartar del poder a un presidente. En cambio, los regímenes autoritarios tienden a apoyar a un solo partido, dificultando que los jueces se alineen con la oposición.
Ante esta posibilidad, procesar líderes a veces fortalece el Estado de derecho y otras veces profundiza la polarización. No todo juicio es un triunfo democrático ni toda investigación es políticamente neutral. Por lo tanto, la pregunta no es simplemente “¿están siendo procesados los líderes?”, sino “¿las instituciones aplican la ley de forma consistente, independientemente de quién gobierne?”
Por qué importa para la democracia
Aunque aún queda mucho por hacer, los crecientes niveles de persecución política son indicativos de mayor democracia. Aunque sigue siendo preferible a otros sistemas, la democracia tiene desventajas, y el lawfare es una de ellas. Más grupos opositores y mayor independencia judicial incrementan la probabilidad de que actores judiciales se alineen con facciones políticas contrarias al jefe de Estado.
Por lo tanto, el próximo paso no es simplemente “más enjuiciamiento”, sino construir instituciones capaces de aplicar las reglas entre facciones políticas para que la rendición de cuentas de los expresidentes sea una práctica democrática y no un arma partidista.
La verdadera prueba de la rendición de cuentas democrática
En última instancia, la prueba de la salud democrática no es si los líderes son procesados, sino si la ley se aplica incluso cuando es políticamente inconveniente.
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Referencias
Ang Collan Granillo, M. (2017). Corrupting accountability: Elite control and corruption prosecution in comparative perspective (Publication No. 10606063) [Doctoral dissertation, University of Chicago]. ProQuest Dissertations & Theses Global. https://www.proquest.com/openview/a00f85a9ad702cb1ac18babc2a879ea7/1?cbl=18750&pq-origsite=gscholar
Associated Press. (2025, November 25). Former Brazilian president Bolsonaro begins 27-year prison sentence for coup attempt. Politico. https://www.politico.com/news/2025/11/25/brazil-president-bolsonaro-prison-sentence-coup-attempt-00669193
Ee la Iglesia, M. (2024, May 15). US: International context for prosecuting former presidents. Freedom House.https://freedomhouse.org/article/us-international-context-prosecuting-former-presidents
Gozzi, L. (2025, November 10). Former French president Sarkozy released from prison after three weeks. BBC News. https://www.bbc.com/news/articles/cm2eppqd2nyo
Orrego Hoyos, G. (2021). Judicial power and high courts in Latin America. GlobaLex, Hauser Global Law School Program, New York University School of Law.https://www.nyulawglobal.org/globalex/judicial_power_high_courts_latin_america.html
Palau-Sampio, Dolors. (2020). Shaping Regional Synergies: Digital Media, Investigative Reporting, and Collaboration for Improving Democracy and Accountability in Latin America. International Journal of Communication. 14. 6090-6112. https://www.researchgate.net/publication/349181370_Shaping_Regional_Synergies_Digital_Media_Investigative_Reporting_and_Collaboration_for_Improving_Democracy_and_Accountability_in_Latin_America
Ros, L. D., & Gehrke, M. (2024). Convicting politicians for corruption: The politics of criminal accountability. Government and Opposition, 59(3), 951-975. doi:https://doi.org/10.1017/gov.2023.48
Stepansky, J., & News Agencies. (2025, November 27). Former Peru president Pedro Castillo sentenced to 11.5 years in prison. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2025/11/27/former-peru-president-pedro-castillo-sentenced-to-11-5-years-in-prison
Tuttle, S. (2025, September 14). Democracy in Latin America is in crisis — Why it matters for the U.S. Suru Institute.https://suruinstitute.com/democracy-in-latin-america/