Violencia en América Latina y el rol de Brasil
En Brasil no hay pena de muerte, pero la actuación de las fuerzas de seguridad a veces parece contradecirlo. Esto refleja parte de la violencia en América Latina. Así lo demuestran las cifras del Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2025. En 2024, 6.243 personas murieron en intervenciones policiales. Este número se ha mantenido como una constante desde 2018 y ya suma 60.394 muertes en la última década.
Además, la reciente Operación Contención, ejecutada en Río de Janeiro en octubre de 2025, reavivó el debate. Más de 2.500 agentes fueron desplegados. Helicópteros artillados sobrevolaron barrios densos. El saldo preliminar fue de 121 muertos. En consecuencia, la discusión sobre los límites, o la falta de ellos, de la acción policial volvió a intensificarse en el contexto de la violencia en América Latina.
Desigualdad territorial en la violencia en América Latina
La distribución territorial de esta letalidad en Brasil revela un mapa profundamente desigual. En 2024, Amapá encabezó las cifras con 45,1 muertes por cada 100.000 habitantes, y aproximadamente una de cada tres fue causada por policías. En Bahía, la proporción se acercó a una de cada cuatro, y en Pará, a alrededor de una de cada cinco.
Sin embargo, estados históricamente más controlados, como São Paulo y Minas Gerais, sorprendieron con aumentos del 60,9 % y 45,5 % respectivamente. Río de Janeiro fue la excepción. Allí, la letalidad cayó un 9,5 %, una disminución que analistas atribuyeron a restricciones judiciales al uso de helicópteros. Estas medidas limitaron operaciones especialmente agresivas y, por lo tanto, alteraron parte del panorama general de la violencia en América Latina.
Un fenómeno extendido más allá de las grandes ciudades
De los 5.570 municipios del país, 1.226 registraron al menos una muerte por acción policial en 2024. Esta dispersión territorial muestra que el fenómeno va mucho más allá de las grandes capitales y refleja dinámicas vinculadas a la violencia en América Latina.
En Santos y São Vicente (São Paulo), tras la Operación Escudo, un despliegue intensivo de patrullaje e incursiones, dos tercios de las muertes violentas fueron responsabilidad de agentes del Estado. Las víctimas siguieron el patrón nacional de años previos: 99,2 % hombres, 82 % negros y, sobre todo, jóvenes de 18 a 24 años.
Además, la violencia también alcanzó a menores. Una de cada cinco muertes violentas de adolescentes de 12 a 17 años fue causada por policías. Este dato encendió alarmas en organismos de protección infantil y contribuyó a los debates sobre violencia en América Latina.
Un modelo policial que impide el ciclo completo
El modelo policial brasileño ayuda a explicar parte de esta dinámica. El país mantiene dos instituciones separadas que operan como sistemas casi independientes. La Policía Militar se encarga del patrullaje armado. Por otro lado, la Policía Civil es responsable de investigar delitos.
Esta división impide el ciclo completo de policía, presente en países como Estados Unidos, Dinamarca o Portugal. Además, los policías militares son juzgados por tribunales propios, lo que limita el control civil. Esto alimenta percepciones de impunidad.
En 2024, aproximadamente once estados contaban con cámaras corporales operativas. Sin embargo, la evidencia internacional muestra que esta tecnología reduce incidentes letales y abusos, algo esencial para enfrentar la violencia en América Latina.
Operación Contención: tácticas de ocupación y lógica bélica
La Operación Contención repitió un guion ya conocido: ocupación prolongada de territorios, bloqueo de calles, registros masivos y uso de armamento pesado en áreas densamente pobladas.
Las imágenes que circularon durante esos días evocaban un escenario bélico más que una operación policial. Diversas organizaciones denunciaron cortes de servicios, suspensión de clases y dificultades para circular en comunidades del complejo de Penha y Alemão. Además, existen informes de riesgo de víctimas colaterales ante la falta de protocolos claros para el uso aéreo de la fuerza.
Este tipo de intervención refuerza la discusión sobre violencia en América Latina y los costos humanos de los operativos militarizados.
Una tendencia que se repite en varios países de América Latina
Este tipo de megaoperaciones no es exclusivo de Brasil. La violencia en América Latina adopta formas similares en otros países.
- México:Desde 2022, la Guardia Nacional ha sido progresivamente colocada bajo el control del Ejército. Diversos informes señalan además un aumento de las detenciones arbitrarias. Para 2025, un número significativo de efectivos militares participó en operaciones de seguridad pública.
- Colombia: La tasa de homicidios cerró 2024 con 25,4 por cada 100.000 habitantes. Además, de acuerdo con Temblores ONG, la Plataforma GRITA registró 109 hechos de violencia policial y al menos 144 víctimas durante 2024. Muchas de estas agresiones ocurrieron en departamentos con presencia de economías ilegales como Arauca, Chocó y Cauca, donde también se reportó un aumento de operaciones militares y de denuncias por abusos cometidos por fuerzas de seguridad.
- Ecuador: Entre 2024 y 2025 el país atravesó un ciclo de militarización sin precedentes. Tras la escalada de violencia de enero de 2024, el gobierno encadenó varios estados de excepción consecutivos y expandió el rol de las fuerzas de seguridad en tareas de control interno. Según Amnistía Internacional, el presidente Daniel Noboa informó 34.952 arrestos durante los primeros meses del operativo, y datos de prensa señalaron que 10.000 personas fueron detenidas entre enero y febrero, aunque solo el 5 % fue procesado. Organizaciones de derechos humanos han advertido que muchas de estas detenciones se realizaron sin orden judicial, con uso ampliado de la “flagrancia”, y en condiciones que dieron lugar a abusos policiales, violencia física y violaciones al debido proceso.
- Argentina: Durante 2025 se registró un aumento significativo de la violencia policial en el contexto de protestas sociales. Según la Comisión Provincial por la Memoria, en solo seis meses hubo 1.251 personas heridas por la represión policial, una cifra superior a la registrada en todo 2024. En ese mismo periodo, se documentaron 130 detenciones arbitrarias, frente a 93 en todo el año anterior. Además, las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires reprimieron más de la mitad de las manifestaciones públicas, aplicando el protocolo antipiquetes con uso desproporcionado de armas menos letales, detenciones durante las desconcentraciones y acciones de inteligencia ilegal.
Estas dinámicas muestran que la violencia en América Latina está vinculada también a cambios institucionales y normativos.
Debate sobre el proyecto Antifacción en Brasil
En Brasil, el proyecto Antifacción avanza con urgencia en el Congreso. Propone penas más duras para delitos ligados al crimen organizado, con hasta 40 años de prisión para líderes que utilicen armamento pesado.
Además, plantea expandir la confiscación de bienes y criptoactivos, autorizar monitoreo audiovisual y establecer regímenes diferenciados para presos de “alta peligrosidad”.
Sin embargo, juristas y organizaciones critican la iniciativa porque carece de directrices claras para la supervisión judicial. También advierten sobre riesgos de contradicciones legales y una posible sobrecarga del sistema penitenciario.
El propio gobierno federal y la Policía Federal objetaron cambios propuestos por el relator Guilherme Derrite. Según estos actores, las modificaciones debilitan capacidades investigativas y podrían favorecer a facciones criminales. Asimismo, alertan sobre la creación de bases biométricas sin salvaguardas robustas, un riesgo relevante en el contexto de violencia en América Latina.
Riesgos crecientes para policías y militares
El crimen organizado también aumenta los riesgos para los agentes del Estado. En Río de Janeiro, una operación policial de gran escala en 2025 dejó al menos cuatro policías muertos y decenas de civiles, en lo que fue calificado como la acción más letal de este tipo en la historia del estado.
En México, se registró un aumento de agresiones contra personal militar entre 2023 y 2024 según datos oficiales. En Colombia, organizaciones de derechos humanos también han documentado ataques de grupos armados contra policías y otras fuerzas de seguridad en 2024.
Tres tendencias que avanzan en paralelo en América Latina
El panorama regional muestra tres tendencias simultáneas:
- Un mayor número de intervenciones letales.
- Mayor involucramiento militar en seguridad interna.
- Debilitamiento de mecanismos de control civil.
Sin embargo, la evidencia indica que la militarización no reduce de manera sostenida los homicidios. Estudios del BID y de institutos nacionales muestran que los países con mayores despliegues militares no lograron reducciones proporcionales en delitos violentos durante la última década.
Un modelo basado en la excepcionalidad permanente
En Brasil, la persistencia de muertes por acción policial y las operaciones de gran escala consolidan un modelo que funciona bajo lógicas de excepcionalidad.
Lo que ocurre en Río, Ciudad de México, Guayaquil o Cali no puede explicarse únicamente por el crimen organizado. Más bien refleja modelos estatales que priorizan intervenciones de choque en lugar de estrategias integradas de prevención, investigación y control externo.
Por todo ello, estas dinámicas forman parte del debate más amplio sobre la violencia en América Latina.